Según registros de servicios públicos e informes de los medios, las autoridades de Malasia han comenzado una ofensiva a nivel nacional contra la minería ilegal de Bitcoin después de que las pérdidas de energía estatal relacionadas con los mineros superaran aproximadamente los 1.100 millones de dólares entre 2020 y agosto de 2025.
La iniciativa se dirige a cerca de 13.800 a 14.000 sitios sospechosos de acceder a energía sin pagar. Las acciones han incluido barridos con drones, inspecciones de medidores y redadas en el terreno.
El grupo de trabajo lanza drones y barridos terrestres
Sobre la base de los informes, se formó un grupo de trabajo multiinstitucional que incluye a la empresa de servicios públicos nacional Tenaga Nasional Berhad (TNB), la policía y otros reguladores. Se han utilizado drones equipados con cámaras térmicas y equipos con medidores especiales para detectar señales de calor y extraños consumos de energía en almacenes, tiendas cerradas e incluso bloques residenciales.
Se incautó hardware de minería de Bitcoin en varias operaciones y se informaron arrestos en al menos unos pocos casos en los que se encontró evidencia de manipulación de medidores.
Minería ilegal de Bitcoin: pérdidas y cifras estimadas
La escala es grande. Los informes han revelado pérdidas de alrededor de 1.100 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 4.570 millones de ringgit, y los investigadores dicen que el número de locales ilícitos descubiertos desde 2020 se acerca a los 14.000.
Las autoridades advirtieron que el robo de energía relacionado con la minería ha aumentado considerablemente en los últimos años, y algunas fuentes señalan un aumento de alrededor del 300 % desde 2018. Muchos operadores eligen escondites de bajo costo y siguen moviéndose para evitar ser detectados.
Se avecinan cuestiones legales y políticas
Si bien la minería de Bitcoin en sí no está totalmente prohibida en Malasia, robar energía y eludir medidores es ilegal según la Ley de Suministro de Electricidad de 1990. Las autoridades están sopesando medidas más duras. Algunos legisladores y funcionarios de energía han planteado la opción de otorgar licencias más estrictas, mediciones más inteligentes o incluso prohibiciones temporales de ciertas operaciones si el robo continúa.
Según los informes, el esfuerzo tiene como objetivo proteger la estabilidad de la red y detener las pérdidas de larga duración que afectan los resultados de la empresa de servicios públicos.
Riesgos de seguridad y tensión en la red
Más allá del dinero, las autoridades dicen que existen preocupaciones de seguridad. Las conexiones manipuladas y las líneas sobrecargadas aumentan el riesgo de cortocircuitos e incendios, y pueden dañar transformadores y otros equipos costosos.
En algunas zonas, los residentes locales informaron de luces parpadeantes y suministro inestable, lo que los investigadores relacionan con extracciones anormales encontradas en sitios mineros ilegales cercanos. Esas tensiones técnicas añaden urgencia a la aplicación de la ley.
¿Qué viene después?
Los informes sugieren que la aplicación de la ley dependerá de una combinación de tecnología (drones, escáneres térmicos, medidores inteligentes) y vigilancia policial tradicional. Por ahora, el objetivo inmediato es cerrar las plataformas, confiscar los equipos y emprender acciones legales contra los operadores que tomaron energía sin pagar. El camino a largo plazo puede incluir reglas más claras para los mineros legales y un monitoreo más estricto en toda la red.
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